Varias universidades peruanas han adoptado un mecanismo de incentivo económico para sus docentes: pagar bonificaciones por publicar artículos en revistas indexadas en Scopus o Web of Science. La intención es legítima. Si el sistema no reconoce económicamente el esfuerzo investigador, la producción científica se estanca. Hasta ahí, la lógica es razonable. El problema aparece cuando el incentivo existe, pero los controles no.

Sin mecanismos de verificación, la bonificación deja de premiar la producción científica y comienza a premiar la capacidad de aparentar producirla. Y el mercado, como siempre, encuentra la grieta. Cuando una institución paga por autoría sin auditar la contribución real de quien firma, está creando las condiciones para que esa autoría se transe. Docentes que prestan su nombre y su filiación institucional. Gestores externos que producen el artículo y cobran una parte del bono. Acuerdos que no se firman en ningún contrato pero que circulan con naturalidad en grupos privados de mensajería. Todo dentro de los márgenes formales. Todo fuera del sentido ético de la ciencia.

Lo más preocupante no es la existencia de casos aislados sino la lógica que los hace posibles. Una institución que paga un bono de varios miles de soles por un artículo en revista Q1 sin preguntarse cuánto de ese trabajo fue producido realmente por su docente, no está invirtiendo en investigación. Está comprando una métrica. Y las métricas compradas alimentan rankings, acreditaciones y fondos concursables que deberían reflejar capacidad científica real, no habilidad para navegar un sistema de incentivos mal diseñado.

Los estándares internacionales de autoría —como los criterios del ICMJE o la taxonomía CRediT— exigen que cada autor pueda demostrar una contribución conceptual, metodológica o analítica concreta al trabajo que firma. No son requisitos burocráticos. Son la diferencia entre un autor y un firmante. Las universidades peruanas que pagan bonos sin aplicar esos criterios no están siendo generosas con sus investigadores. Están siendo negligentes con la integridad de su producción académica. Reconocer el trabajo investigador con incentivos económicos es una decisión correcta. Hacerlo sin auditoría es abrir una puerta que algunos, inevitablemente, van a cruzar.