Un docente universitario recibe en octubre el rechazo de una revista seria, tras un año de espera. Una semana después le llega un correo cordial. Otra revista, de nombre internacional, ofrece publicar ese mismo manuscrito en dos semanas, sin observaciones de fondo, a cambio de una tarifa, y asegura estar indexada en Scopus.

Su universidad le exige varios artículos por año para no despedirlo, y además su bono depende de publicar. En esas condiciones, la oferta deja de percibirse como una falta ética y pasa a verse como una salida razonable. Una revista depredadora es una publicación que antepone el lucro a la calidad científica. Cobra al autor por publicar, declara una revisión por pares que no ejecuta o que resulta meramente nominal, presenta de forma engañosa sus costos, sus indexaciones y su comité editorial, y capta autores mediante correos masivos. Su existencia responde a una demanda que genera incentivos defectuosos. Cuando la permanencia laboral depende del número de artículos y el bono se calcula por unidades, el sistema premia que la publicación aparezca y relega la calidad del conocimiento.

El investigador joven es el más expuesto, pues rara vez recibió formación para distinguir una revista legítima de una que solo lo aparenta. Algunas señales permiten identificarlas. Prometen aceptación en pocos días, cuando una revisión por pares genuina requiere semanas o meses. Envían invitaciones no solicitadas que elogian trabajos que no han leído. Anuncian el cobro recién después de la aceptación. Adoptan nombres casi idénticos a los de revistas reconocidas. Otras fingen una indexación en Scopus que nunca tuvieron, o la tuvieron y fueron descontinuadas por prácticas editoriales incorrectas, pero siguen exhibiendo el sello como si estuviera vigente. Afirmar que se está en Scopus no prueba nada, de modo que la verificación debe hacerse en el origen: se busca la revista en la lista de fuentes de Scopus, se comprueba que su estado sea activo y luego se contrasta con Scimago, un portal gratuito que usa los datos de Scopus y no registra información posterior a la descontinuación de una revista.

Conviene, por último, confirmar que los miembros del comité editorial existen y reconocen su participación. Este conocimiento no debería quedar al azar de cada docente. La universidad tiene la responsabilidad de proveerlo mediante una guía de verificación de revistas, una oficina que atienda consultas antes del envío de un manuscrito y talleres periódicos de integridad editorial. Corresponde además financiar las tarifas de acceso abierto en revistas legítimas, de modo que pagar a una depredadora no sea la única vía visible, y evaluar en qué revistas publican sus investigadores en lugar de contabilizar solo el número de artículos.

Las consecuencias de omitirlo son concretas. Un artículo en una revista cuestionable debilita el currículo, genera dudas en procesos de acreditación individual y puede terminar en una retractación pública. La institución también se perjudica, porque su producción científica se infla con textos que no resisten una lectura crítica. Mientras el reglamento amenace con el despido a quien no publica lo suficiente y nadie enseñe a verificar, la responsabilidad recaerá sobre el más débil: el investigador que sólo respondió a las reglas impuestas.